Comunidades del Pueblo Ocloya denuncian que desde hace décadas conviven con boosters sísmicos enterrados durante antiguas campañas petroleras. Entre el silencio de YPF, la desidia estatal y reclamos ignorados, el norte argentino carga con un pasivo ambiental que atraviesa gobiernos de todos los signos políticos.
Algunas tragedias irrumpen de golpe. Otras permanecen ocultas durante décadas, esperando que alguien decida mirar hacia abajo.
En el norte argentino, bajo los caminos que recorren diariamente familias campesinas y comunidades originarias, permanece enterrada una amenaza que nunca debió sobrevivir al paso del tiempo: boosters sísmicos, explosivos utilizados durante campañas de exploración petrolera realizadas hace entre treinta y cincuenta años y que, en numerosos casos, jamás fueron retirados.
No son restos arqueológicos.
No son vestigios de una guerra.
Son explosivos industriales que continúan bajo tierra mientras niños juegan, productores trabajan y pueblos originarios desarrollan su vida cotidiana sobre territorios que deberían ser seguros.
La sola existencia de estos artefactos plantea una pregunta tan sencilla como devastadora:
¿Cómo es posible que, medio siglo después, todavía existan explosivos enterrados en zonas habitadas sin que el Estado haya resuelto definitivamente semejante riesgo?
La respuesta no señala únicamente a una empresa. Así como tampoco puede reducirse a un solo gobierno.
Porque si hay algo que demuestra esta historia es que el abandono logró atravesar administraciones militares y democráticas, privatizaciones, reestatizaciones, cambios de funcionarios y promesas políticas de todos los colores.
Mientras los gobiernos pasaban, los explosivos seguían donde siempre estuvieron.
Bajo tierra.
Una bomba silenciosa
Los boosters sísmicos fueron utilizados durante antiguas campañas de exploración hidrocarburífera para obtener información geológica del subsuelo mediante pequeñas detonaciones controladas.
Aquellos trabajos concluyeron hace décadas. La remediación, en cambio, nunca llegó de manera integral.
Una cantidad indeterminada de estos explosivos quedó abandonada en territorios donde hoy viven comunidades indígenas, productores rurales y familias enteras.
Con el tiempo, el problema dejó de ser exclusivamente ambiental para convertirse también en una cuestión de seguridad pública y de derechos humanos. Cada nuevo hallazgo demuestra que no se trata de un episodio aislado.
Es un pasivo histórico. Y también la exposición al desnudo de un enorme fracaso institucional. Otro más.
Los que viven sobre el problema
Mientras los expedientes dormían en oficinas públicas, quienes realmente aprendieron a convivir con esta amenaza fueron las comunidades originarias.
El cacique Néstor Jerez, representante del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO), describe una realidad muy distinta de la que suelen mostrar los comunicados oficiales.
«La comunidad tiene conocimientos amplios porque justamente vive en el territorio. Lo recorre y en esas recorridas encuentra estos artefactos de riesgo. Quizás no todos sepan exactamente qué son, pero sí saben que implican un peligro. Con ese temor convivimos.»
No habla un especialista desde una oficina. Habla quien camina diariamente esos caminos. Quien conoce el monte. Representa con su voz a aquellos que saben dónde juegan los chicos, dónde pastorean los animales y dónde aparecen esos objetos metálicos que nunca debieron permanecer allí.
La comunidad que convive con este drama diario es la Normenta Pacha integra el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya, con reconocimiento jurídico e inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 19, a 35 kilómetros de Fraile Pintado, en el departamento Ledesma, provincia de Jujuy.
No se trata, por lo tanto, de denuncias aisladas o informales. Existe una representación institucional indígena que viene alertando sobre este problema desde hace años.
El reclamo que nadie escuchó
Según relató Jerez a nuestro medio, las comunidades comenzaron hace tiempo un camino administrativo que terminó chocando contra un muro de indiferencia.
«Hace aproximadamente cinco años presentamos notas al Ministerio de Ambiente y también en la Legislatura provincial como Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya. Las notas fueron quedando ahí y nunca nos dieron una respuesta.»
Cinco años.
Cinco años sin respuestas oficiales frente a un problema que involucra explosivos abandonados en territorios habitados.
Más aún: El dirigente indígena sostiene que la comunidad no tiene conocimiento de trabajos efectivos de remoción dentro de su territorio.
«No tenemos conocimiento de ningún trabajo de remediación. Lo han dejado ahí abandonado y se han desentendido del tema.»
Mucho más que un pasivo ambiental
Cada vez que aparece un booster enterrado suele hablarse de un «pasivo ambiental». La expresión es técnicamente correcta. Pero resulta insuficiente. Porque aquí no sólo está en discusión el impacto sobre el ambiente. También está en juego la seguridad de comunidades enteras y el respeto hacia pueblos originarios que, una vez más, parecen quedar relegados al último lugar de las prioridades estatales.
El testimonio de Néstor Jerez vuelve sobre esa idea: «El impacto es negativo porque estos artefactos implican un riesgo permanente. Hay que convivir con mucho cuidado y con temor».
No existe metáfora posible. Las comunidades conviven literalmente con explosivos. Y lo hacen desde hace décadas.
Mientras tanto, el debate público aparece y desaparece con cada nuevo hallazgo, con cada accidente o con cada operativo oficial.
Después vuelve el silencio. Ese silencio que permitió que el problema atravesara generaciones enteras sin una solución definitiva.
La responsabilidad que atravesó medio siglo
Cuando se habla de los boosters sísmicos enterrados en el norte argentino, la tentación es buscar un único responsable. Sin embargo, la magnitud del problema obliga a una lectura más amplia.
Las campañas de exploración que dejaron estos explosivos fueron ejecutadas décadas atrás, cuando YPF desarrollaba estudios sísmicos para la búsqueda de hidrocarburos. La empresa -junto con las contratistas que participaron de aquellos trabajos- tenía la responsabilidad de garantizar que los materiales utilizados fueran retirados o neutralizados una vez concluidas las tareas.
Pero el paso del tiempo terminó diluyendo las responsabilidades entre privatizaciones, cambios de autoridades, reorganizaciones administrativas y sucesivas gestiones políticas.
Y el resultado es el mismo. Los explosivos permanecieron bajo tierra.
Y el Estado, en sus distintos niveles, tampoco logró construir una política pública sostenida que permitiera localizar, identificar y remover la totalidad de esos artefactos.
Ahora ya no se trata solamente de mirar hacia atrás. Pero tampoco de mirar para otro lado. También corresponde preguntarse qué hicieron -o qué dejaron de hacer- las administraciones nacionales y provinciales que se sucedieron durante cuarenta o cincuenta años.
Porque los boosters no aparecieron ayer. Y las comunidades tampoco comenzaron a reclamar hace unos meses.
«Todos se llaman a silencio»
La definición más dura de Néstor Jerez resume décadas de frustración.
«De lo poco que conocemos, estos trabajos se realizaron hace por lo menos treinta años. Desde entonces todo quedó abandonado. Hoy no existe ningún actor institucional en territorio. Esta situación está a la deriva y con un Estado absolutamente ausente.»
Luego agrega una frase que interpela por igual a empresas, organismos de control y funcionarios.
«Hemos llegado a publicar estas denuncias en diferentes medios, pero hasta ahí llegamos. Nadie nos brinda información pertinente ni soluciones. Todos se han desentendido del tema y parece un asunto tabú; todos se llaman a silencio.»
Más adelante, el dirigente indígena expresa que las políticas actuales del Gobierno nacional no favorecen los reclamos de los pueblos originarios. Esa valoración forma parte de su opinión como entrevistado y se suma a un planteo más amplio sobre la falta de respuestas estatales que, según su relato, precede al actual gobierno.
CRONOLOGÍA | Medio siglo de una deuda bajo tierra
Finales de los años ’70 y comienzos de los ’80
Las campañas de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos utilizan boosters explosivos en distintas zonas del norte argentino. Una cantidad indeterminada nunca es recuperada al finalizar los trabajos.
Décadas de 1980, 1990 y 2000
Comunidades indígenas y pobladores rurales continúan encontrando explosivos enterrados mientras el problema permanece prácticamente fuera de la agenda pública.
Últimos años
Organizaciones indígenas intensifican denuncias y reclamos administrativos, advirtiendo que continúan conviviendo con estos artefactos en sus territorios.
Hace aproximadamente cinco años
El Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya presenta notas ante el Ministerio de Ambiente y la Legislatura de Jujuy reclamando intervención oficial. Según Néstor Jerez, nunca obtuvieron respuestas.
2025 y 2026
Nuevos hallazgos de boosters, accidentes y operativos de remediación devuelven el tema a la agenda pública. El inicio de tareas oficiales en algunos sectores confirma la existencia del problema, aunque las comunidades sostienen que la remoción aún es parcial y que amplias zonas permanecen sin intervención.
Los hechos que nadie puede negar
- Los boosters existen. Organismos públicos y diversas investigaciones periodísticas documentaron la presencia de explosivos remanentes de antiguas campañas petroleras.
- No se trata de casos aislados. Los hallazgos se registran desde hace años en distintos puntos de Salta y Jujuy.
- El riesgo es real. Los accidentes ocurridos durante tareas vinculadas con la remoción demostraron que no se trata de una amenaza teórica.
- Las comunidades vienen reclamando desde hace años. El Pueblo Ocloya afirma haber presentado notas administrativas sin obtener respuestas satisfactorias.
- El Estado reconoce la existencia del problema. Los operativos de detección y remediación iniciados en algunos sectores constituyen un reconocimiento oficial de que todavía existen boosters enterrados. Sin embargo, aún no existe información pública que indique que el problema haya sido resuelto de manera integral.
Una deuda que sigue enterrada
Los boosters sísmicos permanecieron bajo tierra durante gobiernos militares y democráticos; atravesaron privatizaciones y reestatizaciones; sobrevivieron a administraciones radicales, peronistas, coaliciones de distinto signo político y al actual gobierno nacional.
Por eso esta historia no admite simplificaciones.
Sería demasiado cómodo responsabilizar exclusivamente a una gestión cuando el problema lleva casi medio siglo sin resolverse.
La verdadera denuncia apunta a una continuidad del abandono. A una sucesión de gobiernos que administraron el tiempo sin cerrar una herida abierta.
A organismos que conocieron el problema y no lograron ofrecer una solución definitiva.
Y a una empresa cuya historia forma parte del origen de este pasivo ambiental y cuya responsabilidad histórica sigue siendo objeto de reclamo por parte de las comunidades.
Mientras tanto, los habitantes del territorio continúan haciendo lo mismo que vienen haciendo desde hace décadas: Caminar. Sembrar. Criar a sus hijos. Recorrer los montes. Todo sobre una tierra donde todavía pueden aparecer explosivos.
Quizás esa sea la imagen más elocuente de esta investigación.
Porque lo verdaderamente explosivo de esta historia no son solamente los boosters ocultos bajo el suelo.
Es la naturalización del abandono.
Cuando un país tarda casi cincuenta años en remover un riesgo que amenaza a comunidades enteras, el problema deja de ser exclusivamente técnico.
Se convierte en una deuda política, ambiental e incluso profundamente moral.
Una deuda que sigue enterrada bajo los pies de quienes menos responsabilidad tuvieron en crearla y más tiempo llevan soportando sus consecuencias.