Paros docentes y estatales, amenazas oficiales y un sistema científico al borde del colapso conforman el retrato de un país donde el conocimiento pasó a ser un «gasto» hostil a los intereses virreinales de Nación
El regreso a clases después del receso invernal encontró este lunes a miles de docentes ejerciendo un derecho constitucional que, para el Gobierno nacional, parece haberse convertido en una conducta sospechosa. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inició un paro nacional de 24 horas en reclamo de salarios dignos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y una mayor inversión en la educación pública.
Mientras las aulas reabrían sus puertas, el conflicto educativo volvió a poner sobre la mesa una pregunta que la administración de Javier Milei parece evitar con notable disciplina: ¿es posible sostener un sistema educativo cuando se lo financia con el entusiasmo con el que un náufrago llena un balde agujereado?
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, fue contundente al denunciar que el Ejecutivo «no convoca a paritarias porque no le importa». La dirigente aseguró que la subejecución del presupuesto educativo es «atroz», denunció la paralización de la construcción de escuelas y advirtió sobre un creciente hostigamiento hacia las organizaciones sindicales mediante amenazas y multas destinadas a desalentar las medidas de fuerza.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se recordó a los gremios que deberán garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo bajo apercibimiento de sanciones. Traducido al castellano cotidiano: el Gobierno reivindica la libertad como principio filosófico… salvo cuando los trabajadores deciden ejercer el derecho constitucional a la huelga.
Porque, al parecer, la libertad avanza siempre y cuando avance en la dirección indicada por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también inició un paro nacional para exigir una urgente recomposición salarial, el cese de los despidos y el freno al vaciamiento de organismos públicos. La protesta incluyó movilizaciones en todo el país y una concentración frente al Ministerio de Economía.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, describió un panorama social que dista bastante del optimismo que suelen exhibir las planillas macroeconómicas del Gobierno. Según sostuvo, la pérdida del poder adquisitivo es tan profunda que un salario mínimo debería rondar los tres millones de pesos para garantizar condiciones de vida dignas. Mientras tanto, el endeudamiento de las familias trabajadoras se convirtió en el crédito más exitoso de la gestión libertaria: crece sin necesidad de campañas publicitarias.
Por su parte, la CGT anunció el inicio de un plan de lucha de los gremios docentes que integran la central obrera -CEA, UDA y AMET-, también en rechazo a la falta de convocatoria a la paritaria nacional y al deterioro presupuestario del sistema educativo.
Sin embargo, la motosierra oficial no parece conformarse con podar salarios docentes ni reducir el Estado a su mínima expresión administrativa. Su radio de acción también alcanzó a quienes producen conocimiento.
Cerca de 380 investigadores postdoctorales del CONICET dejaron de percibir sus becas luego de que el Gobierno decidiera no prorrogarlas una vez finalizados los estipendios de tres años. Los propios investigadores advierten que la continuidad de sus carreras quedó seriamente comprometida y estiman que el ajuste sobre el sistema científico ya provocó la pérdida de alrededor de 2.700 puestos de trabajo entre despidos, contratos no renovados y reducción de cargos.
Como si semejante panorama no fuera suficientemente elocuente, 24 premios Nobel de distintas disciplinas y países emitieron una declaración conjunta alertando que el sistema científico argentino se encuentra al borde del «colapso» debido a la asfixia financiera y a la ausencia de políticas que garanticen su sostenibilidad.
No se trata de un comunicado firmado por «la casta», ni por «ñoquis», ni por alguna célula revolucionaria infiltrada en un laboratorio. Son algunos de los científicos más prestigiosos del planeta quienes observan con preocupación cómo un país que durante décadas construyó una comunidad científica reconocida internacionalmente comienza a desmontarla pieza por pieza.
La escena termina adquiriendo una coherencia inquietante. Primero se desfinancia la escuela. Después se disciplina a quienes enseñan. Luego se ajusta a quienes investigan. Finalmente se celebra el equilibrio fiscal como si el conocimiento fuera un lujo prescindible y no una inversión estratégica para cualquier nación que aspire a desarrollarse. O al menos, a subsistir como tal.
Quizás sea ése el verdadero modelo educativo de la época: una Argentina donde sobran amenazas, faltan paritarias, las escuelas esperan presupuesto y los laboratorios empiezan a apagarse. Porque cuando un gobierno decide declarar la guerra simultáneamente a docentes, universidades y científicos, ya no está recortando gastos. Está hipotecando el futuro y colocándole desde otros frentes la bandera formal de remate al país. Y tamaña deuda, que ya adquiere ribetes monstruosos, a diferencia de otras pretéritas, la terminarán pagando incontables generaciones.