El proyecto de ley de régimen penal juvenil establece que la pena máxima para un niño de  de 14 años que infrinja la ley será de 15 años de cárcel. La asignación presupuestaria para el cumplimiento de esta norma será de unos 23 mil millones de pesos.

Jamoncito celebró la media sanción a la baja de imputabilidad a los 14 años. A través de un comunicado, afirmó que “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, consideró.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez”, advirtió que la Ley de régimen penal juvenil “no dice ni una palabra sobre la cuestión preventiva”, y que no fueron tenidos en cuenta los aportes de la Iglesia, Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría que solicitaban “tener en cuenta todos los cuidados que teníamos que tener y que lamentablemente fueron desoídos».

El diputado de Encuentro Federal,  Miguel Ángel Pichetto, consideró que  «los recursos asignados para la ley de régimen penal juvenil son insignificantes. Aunque votó a favor de la propuesta, consideró que el dinero asignado  no alcanza para construir o equipar los centros de detención y rehabilitación necesarios. “Estamos hablando de 23 mil millones de pesos, que no sé para qué van a servir:, el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de los 7.000 dólares”, aseguró.

La diputada del Frente de Izquierda (FIT),  Myriam Bregman, señaló que “no hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente de aumentar el poder punitivo del Estado”. “Lo que van a lograr bajando la edad de punibilidad es darle más facultades a la Policía para que hostigue mucho más a los pibes en los barrios”. “No hay plata para garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes pero sí para criminalizarlos”, planteó.

En tanto, la iglesia católica sostuvo que «Bajar la edad no baja el delito».  En un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, cuestionan la falta de condiciones institucionales y presupuestarias para implementar un nuevo régimen penal juvenil. A través de una carta abierta a los diputados se preguntan si “el Estado está realmente en condiciones de garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, atención en salud mental y dispositivos adecuados para la reinserción social”.

Por c2002403

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