Como dirían los Quilapayún… «Cuándo querrá el Dios del cielo / que la tortilla se vuelva…»
«La hierba de los caminos, la pisan los caminantes…» reza aquella emblemática melodía popular, a la cual podríamos adaptar a estos nefastos tiempos que el conjunto de la sociedad argentina se ha encargado de construir, continuando sus versos con «y a la Ley de Glaciares la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero…»
Ley de Glaciares será tratada en el Senado el jueves. El oficialismo cuenta con dictamen positivo desde diciembre. La cámara alta buscará en la misma sesión la sanción definitiva de la ley penal juvenil para encarcelar niños de 14 años. El viernes se define la sanción de la reforma laboral fascio-libertaria y el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué tul? Todo prolija y desesperadamente empaquetado.
Mientras tanto, un poco de parole parole intentando sólo con ello frenar la ignominia total.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social alertó sobre la modificación de la ley de glaciares. A través de una carta pública dirigida a diputados y senadores, la iglesia solicitó “anteponer el bien común ante los intereses particulares” que buscan modificar los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. “Los glaciares no son simples recursos económicos, son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, expresaron en el comunicado.
A su vez, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, Enrique Viale, consideró que el proyecto de ley de glaciares es “manifiestamente inconstitucional y a medida de las grandes transnacionales mineras”. “Detrás de la modificación, regresiva y a medida, de la ley de glaciares están la yanqui BlackRock, accionaria en las mineras Glencore y Rio Tinto; La minera de capitales angloaustralianos BHP en Vicuña; la canadiense Barrick Gold y la china Shandong en Veladero”, planteó.
Éticamente impecable en sus aseveraciones aunque políticamente infructuoso, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, adelantó el rechazo de su bloque a las modificaciones a la ley de glaciares. “La ley actual no es una traba al desarrollo, sino una verdadera política de Estado que garantiza las condiciones básicas para que todas las actividades productivas puedan sostenerse en el tiempo”, expresó.
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto alternativo para establecer un régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa declara de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y considera al agua proveniente de esas formaciones como un recurso natural estratégico, cuya gestión debe estar por encima de cualquier interés económico particular.
Naturalmente, el gobierno nacional y todos los grandes poseedores de tierras, cursos de agua dulce y demás riquezas naturales patagónicas (consolidados en sus latifundios durante los últimos 35 años, sin excepciones gubernamentales a lo largo de dicho período), pretenderán pasarse todos esos reclamos por aquellas zonas donde por lo general, el sol no es capaz de alumbrar. Veremos si ocurre un pequeño milagro, aunque cada día se deja menor margen para la aparición de tales espectáculos de mínima justicia popular.
