Dos meses han pasado desde la operación estadounidense para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Si se dejan de lado los análisis y pseudo análisis, simpatías y antipatías, lo cierto es que este hecho se ha convertido en un caso complejo del Derecho Internacional contemporáneo.
Tanto juristas y académicos internacionales basan sus posturas en que se ha puesto en cuestión los principios básicos y fundamentales del derecho. La soberanía estatal, el uso de la fuerza entre estados, la inmunidad de altos funcionarios y hasta el reconocimiento de los gobiernos han sido puestos en duda.
Artículos académicos se publicaron sobre la “paradoja de los dos gobiernos” en Venezuela, luego de la crisis política de 2019. En aquel entonces varios países occidentales – encabezados por Estados Unidos -reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino mientras Nicolás Maduro era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta se llegó a opinar sobre la “paradoja de los dos gobiernos” en Venezuela. Un hecho que, de aceptarse, lo convertiría en un real problema que desafía la tradicional doctrina del derecho internacional. Incluso, han empujado debates teóricos sobre la validez de actos jurídicos internacionales —como tratados, contratos y acuerdos— cuando diferentes países respaldan autoridades distintas dentro del mismo Estado.
Los sucesos acontecidos el 3 de enero de este año, con el operativo que secuestró a Nicolás Maduro y su posterior remisión a Nueva York potenciaron nuevamente el debate jurídico internacional. El detener a un jefe de Estado en funciones, sin autorización multilateral ni consentimiento del Estado afectado, ha sido ampliamente considerada por expertos y organismos internacionales como una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es una situación que, además, ha generado advertencias sobre que podría constituir un peligroso precedente para la inmunidad y la soberanía en el derecho internacional actual.
¿Puede una potencia con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la O.N.U. eludir los mecanismos multilaterales y decidir actuar unilateralmente sin consecuencias jurídicas claras? ¿Puede un Estado intervenir en otro bajo pretextos de seguridad o lucha contra el crimen? ¿Bajo qué criterio jurídico lo hace? ¿Cómo conciliar la inmunidad de los jefes de Estado con acciones penales transnacionales sin corromper las normas del derecho internacional? Más allá de las problemáticas en que estemos envueltos, estas preguntas debemos tenerlas en cuenta. Porque directa o indirectamente podremos llegar a quedar afectados en un futuro próximo. Y esto puede suceder, independientemente de que estos interrogantes sean tratados en congresos académicos y artículos jurídicos por todo el mundo.
Quedó al desnudo que el derecho internacional no es un conjunto de reglas neutras, sino un campo dinámico de tensión entre legalidad, política y poder. Su eficacia ha sido puesta en duda ante realidades políticas y estrategias de poder.
Todo lo vivido en Venezuela escapa a la posibilidad de ser una simple crisis política, para pasar a convertirse en un laboratorio real. En el mismo, se confrontan y se van aponer a prueba las normas que regulan la convivencia entre Estados y la protección de sus instituciones frente a desafíos sin precedentes en la historia moderna.
Sobre la situación legal o “extrajurídica” de Nicolás Maduro en territorio estadounidense, han surgido novedades. Su equipo legal aseguró que el gobierno de Estados Unidos impidió que Venezuela cubra los honorarios de defensa en el proceso por narcotráfico que enfrenta en Nueva York, decisión que, según su abogado, podría vulnerar su derecho constitucional a contar con representación legal.
A través de Barry Pollack, envió un correo electrónico a un juez federal de Manhattan para advertir que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó la autorización que permitía al gobierno venezolano pagar los costos legales de Maduro y de su esposa, Celia Flores. El mensaje fue incorporado este miércoles al expediente público del tribunal.
Se argumenta que Estados Unidos violó su derecho constitucional a la legítima defensa ya que bloqueó los fondos venezolanos para pagar los gastos legales de Maduro, por lo se que pide al juez que desestime la acusación en su contra.
En otras palabras, la argumentación de la defensa es que la situación se ve agravada por la incapacidad del sistema judicial estadounidense para presentar pruebas concretas. El fundamento destacado en la solicitud es: «JUZGADO NO TIENE PRUEBAS.» Sostiene que el actual proceso judicial carece de sustento probatorio sustancial y que, por lo tanto, cualquier detención o restricción de la libertad de su cliente es arbitraria e ilegítima. Habrá que ir viendo la evolución de todos estos eventos.