Recientemente se publicó el libro “Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur” [1] bajo la coordinación de Aldana Lucero, P., Soliz Tito, L., y Bazoberry Chali, O. y la redacción de capítulos especiales por país de Guillermo Villalobos Moreira (Bolivia y Perú), Alejandro Henao Salazar (Colombia), María Agustina Etchegoyen (Paraguay)y quien redacta estas líneas, por Argentina.
El trabajo posee el propósito de analizar las características de los sistemas productivos, especialmente aspectos como el origen y la calidad de las semillas, el tipo de maquinaria, la organización de la mano de obra, el manejo de suelos y de los sistemas hídricos y –por supuesto– el uso de plaguicidas de aplicación agrícola, todo ello analizado críticamente a fin de conocer las causas que llevan a un incremento en su uso, así como sus consecuencias socioambientales.
La contribución de la investigación, desde el trabajo de los participantes, se concentró en el marco institucional de los plaguicidas: los estándares y acuerdos de los bloques regionales, las respuestas normativas y de gestión a nivel nacional, y las alternativas territoriales –incluido el manejo integrado de plagas y las prácticas agroecológicas– orientadas a la salud, la biodiversidad y la resiliencia económica. Se busca desde este trabajo analizar las legislaciones ligadas a los plaguicidas y a la agroecología en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el Mercosur. En estos bloques están vigentes acuerdos y normas sobre el registro, uso y control de plaguicidas de uso agrícola; sin embargo, no todos los países han adecuado aún sus normativas a dichos acuerdos y, contrario a los propósitos esperados, en la última década se han incrementado la importación y el uso indiscriminado de plaguicidas prohibidos, llegando incluso a triplicarse en algunos países. Estos plaguicidas no solo son utilizados por la gran agroindustria, sino también por numerosos medianos y pequeños productores campesinos, e incluso por algunas poblaciones indígenas.
El estudio combinó el análisis documental de fuentes secundarias –estatales, investigaciones científicas, prensa escrita, blogs especializados y sitios web institucionales– con el uso de fuentes primarias, a través de entrevistas virtuales en profundidad a actores clave vinculados con la producción agropecuaria, representantes de empresas, funcionarios públicos y referentes de organizaciones sociales.
En Argentina se combinaron distintas fuentes de datos e instrumentos, posibilitando un marco detallado de las normativas nacionales, provinciales y municipales ligadas al registro, uso, comercialización y aplicación de desechos de envases de plaguicidas. Se analizaron las denuncias y las luchas de las comunidades, a fin de poner límites y prohibir el uso de plaguicidas. También se analizó el estado del paradigma agroecológico en las fases de producción y comercialización, considerando desde distintas visiones y voces, las políticas que pueden propiciar y facilitar la transición hacia la agroecología. Por último, tomado un caso paradigmático, se investigó desde los campos sociales la lucha de organizaciones y personas del distrito de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, en su búsqueda de prohibir y/o limitar la utilización de plaguicidas, para de ese modo propiciar la producción agroecológica.
El documento recomienda entre otras propuestas:
1-Sancionar leyes nacionales y provinciales que regulen todo el ciclo de vida de los plaguicidas, desde su registro hasta su utilización, con participación amplia de productores, técnicos, expertos y científicos.
2. Sancionar ordenanzas municipales que establezcan criterios y pautas comunes sobre zonas de restricción, distancias mínimas para la aplicación de plaguicidas, y regulación del almacenamiento y comercialización de estos productos.
3. Ampliar las zonas de restricción a la utilización de plaguicidas, estableciendo zonas buffer o de amortiguamiento, zonas sensibles cercanas a cursos de agua y escuelas, y restringir las aplicaciones aéreas cerca de centros urbanos y áreas sensibles.
4. Promover un mayor involucramiento de organismos y entidades del ámbito de la salud y del ambiente en la formulación y monitoreo de políticas relacionadas con los plaguicidas.
5. Continuar con campañas informativas que interpelen a la sociedad para que se conozca el verdadero problema originado por los plaguicidas, y propicie modificaciones en hábitos y conductas relacionadas con la producción y el consumo.
6. Realizar campañas de concientización periódicas y extendidas, dirigidas a la población general y a los sectores vinculados al uso y comercialización de plaguicidas, basadas en los riesgos que implica su uso, la difusión de la normativa vigente y los canales para consultas y denuncias.
7. Promover la producción agroecológica mediante la difusión de información sobre los efectos derivados de la aplicación de plaguicidas. La transición hacia la agroecología debe estar respaldada por políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como lo son las cercanías de escuelas rurales y humedales. Es fundamental legislar a nivel municipal para evitar la coexistencia de zonas agroecológicas con áreas que utilizan insumos químicos. Las ordenanzas deben promover la agroecología y certificar los productos mediante sistemas participativos de garantía.
Los invitamos a leer el documento completo desde el link que aparece abajo:
[1] Se puede obtener libremente en https://ipdrs.org/publicaciones/