A treinta días del allanamiento que sacudió la escena política de Morón, la Justicia continúa sin encontrar a Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria municipal investigada en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Mientras la investigación avanza, también crecen los interrogantes sobre un caso que sacudió de lleno a la gestión local en un escenario con impronta de nocaut
Tal como describiéramos desde este medio, el procedimiento se realizó el 21 de mayo en una vivienda de Castelar, donde fueron secuestrados alrededor de 500 gramos de cocaína. Desde entonces, Ortigoza permanece prófuga. La causa, que tramita en la Fiscalía N° 9 de Morón, incluye además a otros imputados y cuenta con la declaración de un detenido que afirmó haber adquirido droga a la exfuncionaria y haber realizado pagos mediante transferencias electrónicas.
La prolongada ausencia de novedades sobre su paradero comenzó a transformarse en un problema político tan incómodo como la propia investigación. En un distrito acostumbrado a las disputas partidarias, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió, sino cómo una funcionaria que hasta horas antes ocupaba un cargo público pudo desaparecer sin dejar rastros.
Pero no estamos en la isla de Avalon, ni la justicia dispone de la espada de Excalibur, ni la ex funcionaria cuenta con los beneficios de la magia de Merlín… ¿O sí?
Desde el municipio informaron que Ortigoza fue apartada de sus funciones apenas se conoció el caso y que se adoptaron medidas para impedir cualquier acceso a los sistemas informáticos comunales. También se realizaron presentaciones judiciales para determinar si durante los allanamientos habían sido secuestrados equipos pertenecientes al Estado local.
El episodio derivó además en pedidos de explicaciones ante el Concejo Deliberante. Allí, el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, sostuvo que no existían antecedentes ni señales que permitieran sospechar una actividad ilícita por parte de la funcionaria. Una explicación que buscó cerrar la polémica, aunque terminó alimentando otra discusión: si nadie advirtió nada, el problema parece ser casi tan serio como haber advertido algo y no actuar.
La investigación estalló, además, en medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo local. La interna entre los sectores que responden al intendente Lucas Ghi y los alineados con Martín Sabbatella encontró así un nuevo foco de conflicto.
Y la temática, lenta pero sostenidamente, fue diseminándose cual mancha voraz por diferentes medios nacionales y regionales, hasta alcanzar alguna notoriedad a lo largo y ancho del país.
A un mes del operativo, la principal acusada sigue sin aparecer. Y mientras la Justicia la busca, la política local continúa intentando explicar cómo una causa de narcotráfico terminó convirtiéndose también en una crisis institucional cuya resolución, de momento, es absolutamente incierta.