En un juicio por la verdad, determinaron que el Estado Argentino fue responsable por los 12 fusilamientos perpetrados en junio de 1956.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín falló el pasado 22 de junio, en el juicio por la verdad de los fusilamientos en José León Suárez ocurridos en junio de 1956, y los reconoció como delito de lesa humanidad.
De esta manera se probaron las responsabilidades del Estado Argentino en la planificación, ejecución y encubrimiento del secuestro y fusilamiento de 12 personas militantes peronistas, entre el 9 y 10 de junio de 1956 bajo el mando de la dictadura.
70 años después de los hechos -relatados por Rodolfo Walsh en su libro “Operación Masacre”-, concluyó el pasado lunes a las 13 h, el proceso judicial con expediente N° 41.041, con el objetivo de esclarecer la verdad y sin implicancias penales. Los responsables de los delitos de lesa humanidad murieron impunes.
El veredicto leído por la jueza Alicia Vence encontró responsables por los 12 fusilamientos a los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas; al jefe de la SIDE, Juan C. Quaranta; al jefe de la policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez; y al jefe de la regional San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno. En la sentencia se estableció las penas de cadena perpetua si hubiesen sido juzgados.
La magistrada, en el veredicto afirmó: “Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio, que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”.
En el fallo se decidieron distintas iniciativa, entre las que se cuentan:
– Rehabilitación del buen nombre y honor de los doce fusilados y sobrevivientes.
– Publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, y en las páginas web de las Subsecretarías de Derechos Humanos.
– Inclusión de los hechos probados en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense.
– Instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
– Creación de un “sitio de la memoria” en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, donde hoy se erige un monumento, para preservar la memoria y dignificar a las víctimas.
– Incorporación de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.